ALCALDE DE YAUYOS Y FUNCIONARIO OBSTACULIZAN LABOR FISCALIZADORA PESE A MANDATO JUDICIAL*Pretenden cobrar S/. 7,690 soles para proporcionar documentos solicitados por ciudadano vulnerando su propio TUPA.
Por: Eladio Quispe Muchotrigo.
Pese a que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es un arma importante a favor de la ciudadanía, para poder acceder a todo tipo de información del manejo administrativo y económico de una entidad estatal, existen autoridades que por el contrario, apelan a una serie de recursos, para no permitir proporcionar que los vecinos exigen, en su irrestricto derecho de fiscalizar a sus autoridades. Esto viene sucediendo en la Municipalidad Provincial de Yauyos, donde se tiene como alcalde a Diómides Dionisio Inga, de las filas del partido de la familia “Concertación Para El Desarrollo Regional”, que ahora promueve la reelección del no menos cuestionado presidente regional Nelson Chui Mejía.
En el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública el ciudadano Raúl William Ticllacuri Serrano solicitó al alcalde yauyino le proporcione la información de: la ejecución del presupuesto de los años 2007, 2008 y 2009, así como los relacionados al acta de transferencia de gestión integral por el titular de la gestión saliente (2003-2006) y el titular de la gestión entrante (2007-2010), además del informe actualizado del porqué no se ha cumplido con implementar el órgano de control institucional, contrato con la persona natural o jurídica responsable de la elaboración de la página web la misma que no se encuentra activa y documentos del informe anual de rendición de cuentas del año 2007.
Estos pedidos fueron solicitados mediante documentos fechados el 27 de marzo y 15 de abril de 2009, sin recibir respuesta alguna, por lo que mediante carta notarial del 10 de junio del año en curso reiteró el mismo, también sin mayor respuesta.
Debido a esa situación, Ticllacuri Serrano inicia un proceso de Habeas Data ante el Juzgado Mixto de Yauyos que despacha el juez Cirirlo Enor Suárez Mirabal, el mismo que mediante sentencia del 04 de septiembre de 2009, ordena que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Yauyos Diómides Alfonso Dionisio Inga que en el plazo de tres días, proporcione la información requerida, bajo el apercibimiento de imponérsele una multa de tres unidades de referencia procesal y disponerse su destitución, sin perjuicio de comprenderlo en el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Esta sentencia no fue impugnada por la autoridad municipal quejada.
El 23 de septiembre el solicitante, recibe una carta notarial que firma el economista Víctor Manuel Arana Vera en su calidad de Gerente General de la Municipalidad Provincial de Yauyos, en donde indica que en cumplimiento de lo dispuesto por el juzgado yauyino, deberá constituirse a su oficina a fin que recoja las copias certificadas que había solicitado (del año 2007 y presupuesto de apertura 2008), las mismas que en total suman 769 hojas; las mismas que se harán efectivas su entrega luego del pago del costo que implica el servicio, teniendo cada copia el valor de diez nuevos soles.
Todo indica a pensar, que bajo cualquier contexto que se pretenda ver este caso, en virtud a las sucesivas negativas de la autoridad edil, y teniendo la obligación de entregar la información solicitada por mandato judicial, había que buscar cualquier pretexto para no hacerlo; y la mejor idea que concibieron fue pretender cobrarle a William Ticllacuri S/ 7,690 nuevos soles por tan solo una parte de lo solicitado.
Y sostenemos que este cobro es totalmente arbitrario y antojadizo por parte de las autoridades de la Municipalidad Provincial de Yauyos, porque si bien es cierto que el Texto Único de Procedimientos Administrativos de dicho municipio señala que el derecho de expedición de copias certificadas de documentos existentes en archivo por hoja es de S/ 10.00, también el mismo TUPA indica que por copia fotostática de documentos que posean o produzcan las diversas unidades de la municipalidad para acceso a la información solo se cobra diez céntimos por página.
Es decir, EN NINGÚN MOMENTO SE HA SOLICITADO COPIA CERTIFICADA, como pretende entregar la municipalidad, ya que el propio juzgado dispone la entrega de la información documentaria, cierta y completa, que en buen romance, quiere decir una información simple. Todo evidencia que Diómides Dionisio Inga y su gerente general municipal, solo pretenden seguir poniendo “rocas en el camino”, con la intención de no entregar la información.
Ah, el costo de diez céntimos esta señalado perfectamente en el mismo TUPA de 2007 hasta hoy vigente.
Pese a que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es un arma importante a favor de la ciudadanía, para poder acceder a todo tipo de información del manejo administrativo y económico de una entidad estatal, existen autoridades que por el contrario, apelan a una serie de recursos, para no permitir proporcionar que los vecinos exigen, en su irrestricto derecho de fiscalizar a sus autoridades. Esto viene sucediendo en la Municipalidad Provincial de Yauyos, donde se tiene como alcalde a Diómides Dionisio Inga, de las filas del partido de la familia “Concertación Para El Desarrollo Regional”, que ahora promueve la reelección del no menos cuestionado presidente regional Nelson Chui Mejía.
En el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública el ciudadano Raúl William Ticllacuri Serrano solicitó al alcalde yauyino le proporcione la información de: la ejecución del presupuesto de los años 2007, 2008 y 2009, así como los relacionados al acta de transferencia de gestión integral por el titular de la gestión saliente (2003-2006) y el titular de la gestión entrante (2007-2010), además del informe actualizado del porqué no se ha cumplido con implementar el órgano de control institucional, contrato con la persona natural o jurídica responsable de la elaboración de la página web la misma que no se encuentra activa y documentos del informe anual de rendición de cuentas del año 2007.
Estos pedidos fueron solicitados mediante documentos fechados el 27 de marzo y 15 de abril de 2009, sin recibir respuesta alguna, por lo que mediante carta notarial del 10 de junio del año en curso reiteró el mismo, también sin mayor respuesta.
Debido a esa situación, Ticllacuri Serrano inicia un proceso de Habeas Data ante el Juzgado Mixto de Yauyos que despacha el juez Cirirlo Enor Suárez Mirabal, el mismo que mediante sentencia del 04 de septiembre de 2009, ordena que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Yauyos Diómides Alfonso Dionisio Inga que en el plazo de tres días, proporcione la información requerida, bajo el apercibimiento de imponérsele una multa de tres unidades de referencia procesal y disponerse su destitución, sin perjuicio de comprenderlo en el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Esta sentencia no fue impugnada por la autoridad municipal quejada.
El 23 de septiembre el solicitante, recibe una carta notarial que firma el economista Víctor Manuel Arana Vera en su calidad de Gerente General de la Municipalidad Provincial de Yauyos, en donde indica que en cumplimiento de lo dispuesto por el juzgado yauyino, deberá constituirse a su oficina a fin que recoja las copias certificadas que había solicitado (del año 2007 y presupuesto de apertura 2008), las mismas que en total suman 769 hojas; las mismas que se harán efectivas su entrega luego del pago del costo que implica el servicio, teniendo cada copia el valor de diez nuevos soles.
Todo indica a pensar, que bajo cualquier contexto que se pretenda ver este caso, en virtud a las sucesivas negativas de la autoridad edil, y teniendo la obligación de entregar la información solicitada por mandato judicial, había que buscar cualquier pretexto para no hacerlo; y la mejor idea que concibieron fue pretender cobrarle a William Ticllacuri S/ 7,690 nuevos soles por tan solo una parte de lo solicitado.
Y sostenemos que este cobro es totalmente arbitrario y antojadizo por parte de las autoridades de la Municipalidad Provincial de Yauyos, porque si bien es cierto que el Texto Único de Procedimientos Administrativos de dicho municipio señala que el derecho de expedición de copias certificadas de documentos existentes en archivo por hoja es de S/ 10.00, también el mismo TUPA indica que por copia fotostática de documentos que posean o produzcan las diversas unidades de la municipalidad para acceso a la información solo se cobra diez céntimos por página.
Es decir, EN NINGÚN MOMENTO SE HA SOLICITADO COPIA CERTIFICADA, como pretende entregar la municipalidad, ya que el propio juzgado dispone la entrega de la información documentaria, cierta y completa, que en buen romance, quiere decir una información simple. Todo evidencia que Diómides Dionisio Inga y su gerente general municipal, solo pretenden seguir poniendo “rocas en el camino”, con la intención de no entregar la información.
Ah, el costo de diez céntimos esta señalado perfectamente en el mismo TUPA de 2007 hasta hoy vigente.