Édgar Alarcón, contralor de la República, explicó que una de las
propuestas es fiscalizar a todo funcionario que gane más de S/ 3,950.
El contralor de la República,
Édgar Alarcón, aprovechó su visita a la presidenta del Congreso, Luz Salgado,
para dejar en mesa de partes del Parlamento los proyectos que buscan hacer más
eficientes las fiscalizaciones del Estado en su lucha contra la corrupción.
“La Contraloría ha venido a
explicarle todas las propuestas que tenemos para mejorar el accionar de la
Contraloría y hacer más efectivo su labor en la lucha contra la corrupción.
Estoy ingresando por mesa de partes, de manera muy amplia y descriptiva, todos
los proyectos o modificaciones directivas que nos permitan actuar de manera más
rápida y efectiva”, señaló.
Si bien aún no se conoce
cuántos proyectos se han presentado, Alarcón mencionó que están solicitando que
se modifique la ley de adquisiciones y contrataciones del Estado respecto a los
supervisores de obra.
“Tenemos muchos problemas con
las obras públicas que no se llegan a completar y no son eficientes en el
tiempo. Estamos solicitando que los supervisores de obra sean seleccionados por
la Contraloría General. Nosotros no lo vamos a financiar, lo seguirán
financiando las entidades. Nosotros solo vamos a seleccionar a los
supervisores”, explicó.
Otro proyecto presentado está
referido a la fiscalización de todos los funcionarios que ganen más de S/ 3,950
(1UIT). Y es que, según cálculos de la propia institución, en el país existen
1.3 millones de servidores públicos en todos los niveles de Gobierno, pero solo
presentan declaración jurada de ingresos y rentas, 35,000 trabajadores, lo que
quiere decir que más de 1.2 millones no declara.
Rendirá ante el Congreso
En otro momento, Alarcón dijo
que, tal como se lo propuso la presidenta del Congreso, asistirá al Parlamento
periódicamente para rendir sobre las acciones de control que lleva a cabo la
institución. Fuente Diario Gestión.
Poder
Judicial sancionó a más de 2 mil funcionarios por corrupción
Dos mil 723 funcionarios y servidores públicos fueron condenados
por el Poder Judicial por delitos contra la administración pública, entre enero
de 2015 y junio del presente año, en sus diferentes órganos jurisdiccionales.
De acuerdo con el Registro
Nacional de Condenas de esta institución, el año pasado los jueces sancionaron
a 1,836 involucrados en actos de corrupción, mientras que de enero a junio de
2016 se hizo lo mismo con 887.
El mayor número de condenas
impuestas en año y medio corresponden al delito de cohecho activo (966) y
peculado (829). Entre otros delitos se encuentran colusión (222) y
aprovechamiento indebido de cargo (153).
Igualmente se
sancionó a exalcaldes, exgobernadores, exmagistrados y altas autoridades por
cohecho pasivo propio (75), abuso de autoridad (71) y peculado por uso (65),
entre otros.