sábado, 13 de diciembre de 2008

Alcalde de Yauyos, Diomides Dionisio Inga, en salmuera.
DENUNCIARÁN PENALMENTE A NELSON CHUI Y ULISES RODRÍGUEZ POR HACER PROSELITISMO POLÍTICO EN CONSULTA POPULAR.



YAUYOS.- El presidente del Gobierno Regional de Lima, Ing. Nelson Chui Mejía y su consejero Ulises Rodríguez Lázaro, así como el alcalde yauyino, Diomides Dionisio Inga, serían denunciados penalmente por el Jurado Nacional de Elecciones, por desarrollar proselitismo político en varios distritos que recientemente fueron sometidos a la Consulta Popular de Revocatoria de Mandato de Autoridades Municipales 2008.
Así lo informaron fuentes allegadas al Jurado Electoral Especial de Yauyos remarcando que tienen suficientes “incidencias” de cómo estas autoridades abiertamente apoyaron a algunos alcaldes distritales arengando el “No” y en otros casos por el “Sí”.
Hubieron casos patéticos de la presencia del propio Presidente Regional de Lima, Ing. Nelson Chui Mejía, quien llegó hasta el mismo Yauyos para apoyar so pretexto de realizar acciones a favor de la provincia, cuando fue todo lo contrario.
Los distritos que estaban en revocatoria, tal es el caso específico de Tomas donde horas antes de las elecciones arribaron con algunos donativos y promesas, fueron algo escandaloso.
Aquí hay evidencias suficientes donde el consejero Ulises Rodríguez Lázaro, hasta arengó a la población para que vote por el “No” en claro favoritismo al alcalde del lugar de Thomas, Elmer Bonilla.
Lo mismo hicieron con los alcaldes de Tanta, Gloria Reyes y de Hongos, Albino Huamán Poma, todos pertenecientes al grupo de Concertación Regional (La Familia) que lidera Nelson Chui.
Precisó igualmente que días antes el consejero yauyino viajó hacia la localidad de Madeán para brindar su apoyo abiertamente al alcalde aprista Leonardo Javier Flores con quien tienen cierto vínculo de amistad y otros más.
Los promotores denunciaron que el “clan “ Ulises Rodríguez, Nelson Chui y Diomides Dionisio, todos del grupo de “La Familia”, cometieron un claro atentado contra la voluntad popular, utilizando incluso hasta los recursos del Estado para cambiar de parecer.
“Todo esto constituye un Delito Electoral que se hará de conocimiento al Jurado Nacional de Elecciones para que realicen la denuncia penal correspondiente”, expresó la fuente. (Elimaría Salazar).