miércoles, 12 de agosto de 2009


CONFLICTOS SOCIALES EN LA JURISDICCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Escribe: Vicente David Rojas Paico


La Defensoría del Pueblo en cumplimiento de los fines y competencias
que le asigna el artículo 162º de la Constitución y su Ley Orgánica,
ha publicado el Reporte Nº 65 sobre Conflictos Sociales activos al mes
de Julio del año en curso. La información se clasifica por
Departamentos y en lo que respecta al Departamento de Lima, involucra
a la Provincia de Lima (Lima Metropolitana) y a la jurisdicción
territorial del Gobierno Regional de Lima (Provincias de Barranca,
Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos).

Una primera observación que se aprecia, es que el centralismo
capitalino insiste en considerar a la jurisdicción del GORE Lima como
Lima Provincias; no se quiere entender que estamos en un proceso de
descentralización en la que el Municipio de Lima Metropolitana tiene
un estatus especial equivalente al de un Gobierno Regional y las nueve
provincias restantes constituyen el Gobierno Regional de Lima con sede
en Huacho, capital de la provincia de Huaura.

En el territorio que corresponde al GORE Lima, el informe consigna lo siguiente:
- Un conflicto relacionado con Gobierno Local (Oyón).
- Un conflicto comunal (Huaura).
- Un conflicto de tipo electoral (Yauyos)
- Seis conflictos de tipo socioambiental (corresponden: uno a Huaura,
dos a Huarochirí, dos a Oyón y uno a Yauyos).
- Dos conflictos laborales (Huaura, Cañete).

El conflicto relacionado con el Gobierno Local Provincial de Oyón, se
originó por el cuestionamiento de la gestión del alcalde en el
ejercicio de sus funciones por presuntas irregularidades. Como es de
público conocimiento a través de lo resuelto por el JNE, el referido
alcalde reasumió sus funciones.

Un primer conflicto socioambiental de la provincia de Oyón, se da en
el distrito de Oyón, Comunidad campesina de Quichas, quien denuncia a
la empresa minera Raura por contaminación de suelos y un presunto
despojo de la propiedad de terrenos comunales. Un segundo conflicto
socioambiental se da en esta provincia, en la comunidad de Pachangara,
quien demanda la modificatoria del convenio suscrito y sus condiciones
para la extracción de minerales por parte de la empresa minera Los
Quenuales-Iscaycruz.

El conflicto comunal de la Provincia de Huaura, específicamente entre
las comunidades Muzga y Lacsanga, por el uso del manantial Chimba que
les permita regar sus cultivos. Dicho conflicto fue materia de un
proceso de mediación, de tal manera que el problema no llegó
perpetrarse.

Un conflicto socioambiental en la provincia de Huaura, se da en el
distrito de Végueta, los pobladores se oponen a la autorización de uso
temporal de área acuática y franja costera
otorgada a la empresa Santa Sofía Puertos S.A. (Grupo Romero). Dicha
empresa se encuentra realizando el estudio de impacto ambiental y ha
comunicado que cuando se concluya el estudio, previsto para el próximo
año, se evaluarán las alianzas estratégicas con comercializadores
mineros para el almacenaje y traslado de materiales.

Un conflicto laboral en la provincia de Huaura, se da en el distrito
de Sayán, entre dos grupos mayoritarios de trabajadores para obtener
el control de la empresa agroindustrial Andahuasi S.A.A. La Mesa de
Diálogo presidida por el Presidente del Gobierno Regional de Lima,
acordó remitir una carta a los representantes del Grupo Wong dando a
conocer el pedido de los representantes del Grupo Bustamante de
incluir en la administración compartida transitoria, a los
trabajadores-accionistas de la referida empresa azucarera. Asimismo,
acordó realizar la próxima reunión el día jueves 13 a las 5 p.m., que
contaría con la participación de los representantes de ambos grupos,
así como de los trabajadores, para definir la solución al conflicto
social.

El conflicto electoral de la Provincia de Yauyos, específicamente en
el distrito de Huampará, se origina al conocerse los resultados de las
elecciones municipales del 2006 que reeligen al alcalde por un período
más. Los pobladores ingresaron al local municipal destruyendo las
actas e impidieron el ingreso del alcalde reelecto. En este caso, se
ha oficializado la convocatoria a Consulta Popular de Revocatoria para
el próximo 29 de noviembre.

Un conflicto socioambiental en la provincia de Yauyos, se da en los
distritos de Viñac (Centro Poblado de Canchán) y Catahuasi; los
pobladores se oponen a la Central Hidroeléctrica “El Platanal”, porque
la derivación de las aguas del río Cañete, les estaría afectando con
la disminución del caudal del río y al medio ambiente.

Un primer conflicto socioambiental de la provincia de Huarochirí, se
da en el distrito de San Antonio por la contaminación del río Seco, a
mérito de la minería artesanal, resultando afectada la comunidad
campesina de Jicamarca. Un segundo conflicto socioambiental de la
provincia de Huarochirí, se da en el distrito de San Mateo de
Huanchor, los pobladores se encuentran afectados por la amenaza de
relaves de la mina Coricancha; al respecto mediante Decreto Supremo Nº
045-2009-PCM se prorrogó el Estado de Emergencia en la zona.

Un conflicto laboral se da en la Provincia de Cañete, distrito de
Chilca, el sindicato de construcción civil de Chilca reclama que la
empresa Graña y Montero S.A. contrate a sus afiliados sin que se
efectúe evaluación organizada por la empresa para la ejecución de la
Central Térmica Las Flores. El 22 de julio de 2009, el Sindicato de
Construcción Civil de Chilca y el Jefe Administrativo de Obras de
Graña y Montero sostuvieron una reunión, en la cual acordaron reunirse
durante la primera semana de agosto con la finalidad de formalizar la
incorporación de algunos miembros del sindicato a las obras que viene
ejecutando la empresa.

Una segunda observación que se aprecia, según el informe Nº 65, es la
no existencia de conflictos sociales activos en las provincias de
Barranca, Cajatambo y Huaral. Asimismo, se observa que de

once (11) conflictos reportados, seis (06)corresponden a conflictos
socio ambientales, lo que evidencia que la gestión de Alan García es de
generar crecimiento económico a costa del medio ambiente; situación
que difiere del enfoque prioritario que se le debe dar al desarrollo
humano.